TATIANA TAPIA TENIA CASI 3 AÑOS Y PESABA MENOS 10 KG.
sábado, 13 de noviembre de 2010
lunes, 18 de octubre de 2010
AGUAS DEL NORTE Y EL GOBIERNO DE URTUBEY AL BANQUILLO.
Foto: Volcado de efluentes cloacales al Salteño Río Arenales como parte del "Plan Haciendo Realidad la Contaminación y Perjuicios de la Salud de los Salteños".-
REENVÍA ESTE EMAIL O COMPARTILO EN FACEBOOK JUNTOS PODEMOS HACER ALGO PARA QUE NO SIGAN ROBANDO A LOS SALTEÑOS Y CONTAMINANDO NUESTROS RIOS y DIQUES PROVINCIALES.
UN AMPARO HARÍA TEMBLAR LAS ARCAS DEL POCO CLARO GOBIERNO DE URTUBEY.
Así trascendió, según lo presentado en la Justicia Provincial, ante el Juzgado de 1a. Instancia en lo Civil y Comercial de 3a. Nominación de la ciudad de Salta, en autos: QUEVEDO, Carlos A. vs. COSAYSA-AMPARO CONSTITUCIONAL.
El amparos fue presentado en contra del Cobro Indebido del 50 % por ciento de la Factura de "Aguas del Norte" (COSAySA), por no brindar el servicio de desagües cloacales.-
Los Argumentos son varios, pero se destacan en dicha acción la facturación indebida a Todos los Usuarios del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales a lo largo y ancho de la provincia de Salta.
Las Acusaciones.
El accionante, ciudadano de la Provincia de Salta, en virtud del Art. 41 de la Constitución Nacional, acusan directamente a Aguas del Norte de NO TRATAR LOS EFLUENTES CLOACALES EN TODA LA PROVINCIA y paralelamente de contaminar todos los cursos de aguas de la provincia de Salta (ríos, arroyos, lagunas, etc.). Hay que recordar que dichos efluentes están contemplados como residuos peligrosos por la Ley Nacional de Residuos Peligros 24.051, y prohibido su volcado sin tratar a los ríos o cursos de aguas de toda la provincia. Así también las leyes provinciales 7.070 de medio ambiente y 7.017 (Código de Aguas de la Prov. de Salta) prohíbe tácitamente tales acciones contra el ambiente y los riesgos graves para la Salud Pública.
Devolución del dinero mal cobrado a los salteños.
La acción busca reestablecer el Estado de Derecho y las Garantías Constitucionales, ademas busca que no habiéndose prestado el servicio de "desagües cloacales" (igual a la mitad de la factura tanto para los usuarios que tienen medidor como los que tienen un cargo fijo), por considerarse pruebas contundentes la no existencia de las plantas de tratamientos de dichos efluentes en 55 municipios, la no existencia de los Certificados de Aptitud Ambiental de los 59 municipios y menos aún los 2 (Cer. Ambientales -CAM-) de las plantas de tratamientos de Salta Capital, 1 de Tartagal y 1 de Oran.
Hay que destacar que la inexistencia de los 60 (SESENTA) Certificados de Aptitud Ambiental, previa celebración de 60 (SESENTA) audiencias publicas según lo establece la ley 7070, es causal de nulidad absoluta del acto administrativo de concesión del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales a cualquier persona Publica o Privada.
Es menester destacar, que la ausencia de tratamiento de los efluentes cloacales (o aguas servidas), provoca graves patologías en las personas, siendo de público conocimiento la gran cantidad de consultas y tratamientos por enfermedades infeccionas, cuya mayor potencialidad está circunscripta a las personas que residen en las cercanías dónde se vuelcan dichos efluentes, y por supuesto, aquellos que realizan manejos de agua proveniente de los ríos receptores de las efluentes contaminadas.-
Particular atención debe dedicarse al tema de las efluentes industriales, las que también son volcadas sin ningún tratamiento a los ríos de nuestra Provincia, cuando las normas ambientales vigentes claramente determinan un tratamiento distinto y específico, incluso de las efluentes cloacales.-
Ahora bien, el servicio que presta Aguas del Norte (COSAYSA) y el que prestaba con anterioridad Aguas de Salta, en los términos señalados, solo es posible en virtud de la inescrupulosidad de los Funcionarios Públicos (del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial) que han tenido o tienen injerencia en el otorgamiento de un servicio público en las condiciones indicadas, lo que por cierto no ocurre por una simple omisión de sus deberes, sino por una manifiesta y dolosa actuación, que implica tener un desprecio por el medio ambiente y naturalmente por los habitantes de esta Tierra, lo que sin duda alguna NO ES GRATIS.-
Pero a la inmoralidad y corrupción que es regla en el otorgamiento de servicios públicos en esta Provincia de Salta, se le debe agregar el descaro con que actúan los concesionarios públicos, como está ocurriendo con Aguas de Salta, quién a pesar de tener conciencia de que NUNCA prestó el servicio de desagües cloacales, hoy continúa ejecutando deudas y rematando propiedades, con el aval del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia, quedando todo en un círculo de putrefacción política, en desmedro de todos los Salteños.-
La mala fe de los Funcionarios Públicos actuantes o que actuaron en el tema del agua potable y desagües cloacales, es facilmente comprobable, por cuánto tienen la plena certeza de que sus omisiones o sus actos dañinos serán reparados por el Estado Provincial, es decir, por los propios perjudicados (los habitantes de la Provincia de Salta), maxime cuando no existe desde el 83 a la fecha un Juez que haya hecho responsable a un Funcionario Público del Incumplimiento de sus Deberes, pero que no obstante ello, es deber de todo ciudadano de por lo menos no consentir inmoral y hasta amoralmente estos actos de oprobio inequívoco.
La responsabilidad del Estado Provincial surge de la propia Constitución, pero también de la irresponsabilidad y ausencia de idoneidad moral e intelectual para ocupar cargos públicos de nuestros funcionarios, y lo que es peor, de una demostración siniestra de la falta de amor a nuestra tierra y a la dignidad de las personas.-
Los montos de la devolución, que ineludiblemente debería hacerse cargo el Estado Provincial (por su obligación legal de preservar un ambiente sano), ante la quiebra inminente de Aguas del Norte y la insolvencia declarada de Aguas de Salta (quien por otra parte, litiga en la Provincia - lease remata propiedades céntricas por deudas certificadas por el ENRESSP de Urtubey sobre los Salteños-), cuyo importe ascendería aproximadamente a los 1.200 millones de pesos, con un promedio aproximado de unos 14 mil pesos por Usuario, quedando fuera de este aspecto las demandas de particulares por daños y perjuicios ocasionados por el remate de viviendas, mediante el cobro indebido y certificado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, lo que de tomar estado público haría que particulares demandaran a la Provincia por la connivencia con empresas publicas y privadas en la prestación del servicio público aludido.
Los interesados en participar de la demanda, hacer valer sus derechos, que le devuelvan lo que le cobraron mal o bien a quienes le remataron la propiedad, pueden dirigirse a Alsina 1150, Estudio Vazquez & Asociados o comunicarse al 0387 - 4217247.
O bien vía Correo Electrónico a observadorsalta@gmail.com.
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UN AMPARO HARÍA TEMBLAR LAS ARCAS DEL POCO CLARO GOBIERNO DE URTUBEY.
Así trascendió, según lo presentado en la Justicia Provincial, ante el Juzgado de 1a. Instancia en lo Civil y Comercial de 3a. Nominación de la ciudad de Salta, en autos: QUEVEDO, Carlos A. vs. COSAYSA-AMPARO CONSTITUCIONAL.
El amparos fue presentado en contra del Cobro Indebido del 50 % por ciento de la Factura de "Aguas del Norte" (COSAySA), por no brindar el servicio de desagües cloacales.-
Los Argumentos son varios, pero se destacan en dicha acción la facturación indebida a Todos los Usuarios del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales a lo largo y ancho de la provincia de Salta.
Las Acusaciones.
El accionante, ciudadano de la Provincia de Salta, en virtud del Art. 41 de la Constitución Nacional, acusan directamente a Aguas del Norte de NO TRATAR LOS EFLUENTES CLOACALES EN TODA LA PROVINCIA y paralelamente de contaminar todos los cursos de aguas de la provincia de Salta (ríos, arroyos, lagunas, etc.). Hay que recordar que dichos efluentes están contemplados como residuos peligrosos por la Ley Nacional de Residuos Peligros 24.051, y prohibido su volcado sin tratar a los ríos o cursos de aguas de toda la provincia. Así también las leyes provinciales 7.070 de medio ambiente y 7.017 (Código de Aguas de la Prov. de Salta) prohíbe tácitamente tales acciones contra el ambiente y los riesgos graves para la Salud Pública.
Devolución del dinero mal cobrado a los salteños.
La acción busca reestablecer el Estado de Derecho y las Garantías Constitucionales, ademas busca que no habiéndose prestado el servicio de "desagües cloacales" (igual a la mitad de la factura tanto para los usuarios que tienen medidor como los que tienen un cargo fijo), por considerarse pruebas contundentes la no existencia de las plantas de tratamientos de dichos efluentes en 55 municipios, la no existencia de los Certificados de Aptitud Ambiental de los 59 municipios y menos aún los 2 (Cer. Ambientales -CAM-) de las plantas de tratamientos de Salta Capital, 1 de Tartagal y 1 de Oran.
Hay que destacar que la inexistencia de los 60 (SESENTA) Certificados de Aptitud Ambiental, previa celebración de 60 (SESENTA) audiencias publicas según lo establece la ley 7070, es causal de nulidad absoluta del acto administrativo de concesión del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales a cualquier persona Publica o Privada.
Es menester destacar, que la ausencia de tratamiento de los efluentes cloacales (o aguas servidas), provoca graves patologías en las personas, siendo de público conocimiento la gran cantidad de consultas y tratamientos por enfermedades infeccionas, cuya mayor potencialidad está circunscripta a las personas que residen en las cercanías dónde se vuelcan dichos efluentes, y por supuesto, aquellos que realizan manejos de agua proveniente de los ríos receptores de las efluentes contaminadas.-
Particular atención debe dedicarse al tema de las efluentes industriales, las que también son volcadas sin ningún tratamiento a los ríos de nuestra Provincia, cuando las normas ambientales vigentes claramente determinan un tratamiento distinto y específico, incluso de las efluentes cloacales.-
Ahora bien, el servicio que presta Aguas del Norte (COSAYSA) y el que prestaba con anterioridad Aguas de Salta, en los términos señalados, solo es posible en virtud de la inescrupulosidad de los Funcionarios Públicos (del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial) que han tenido o tienen injerencia en el otorgamiento de un servicio público en las condiciones indicadas, lo que por cierto no ocurre por una simple omisión de sus deberes, sino por una manifiesta y dolosa actuación, que implica tener un desprecio por el medio ambiente y naturalmente por los habitantes de esta Tierra, lo que sin duda alguna NO ES GRATIS.-
Pero a la inmoralidad y corrupción que es regla en el otorgamiento de servicios públicos en esta Provincia de Salta, se le debe agregar el descaro con que actúan los concesionarios públicos, como está ocurriendo con Aguas de Salta, quién a pesar de tener conciencia de que NUNCA prestó el servicio de desagües cloacales, hoy continúa ejecutando deudas y rematando propiedades, con el aval del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia, quedando todo en un círculo de putrefacción política, en desmedro de todos los Salteños.-
La mala fe de los Funcionarios Públicos actuantes o que actuaron en el tema del agua potable y desagües cloacales, es facilmente comprobable, por cuánto tienen la plena certeza de que sus omisiones o sus actos dañinos serán reparados por el Estado Provincial, es decir, por los propios perjudicados (los habitantes de la Provincia de Salta), maxime cuando no existe desde el 83 a la fecha un Juez que haya hecho responsable a un Funcionario Público del Incumplimiento de sus Deberes, pero que no obstante ello, es deber de todo ciudadano de por lo menos no consentir inmoral y hasta amoralmente estos actos de oprobio inequívoco.
La responsabilidad del Estado Provincial surge de la propia Constitución, pero también de la irresponsabilidad y ausencia de idoneidad moral e intelectual para ocupar cargos públicos de nuestros funcionarios, y lo que es peor, de una demostración siniestra de la falta de amor a nuestra tierra y a la dignidad de las personas.-
Los montos de la devolución, que ineludiblemente debería hacerse cargo el Estado Provincial (por su obligación legal de preservar un ambiente sano), ante la quiebra inminente de Aguas del Norte y la insolvencia declarada de Aguas de Salta (quien por otra parte, litiga en la Provincia - lease remata propiedades céntricas por deudas certificadas por el ENRESSP de Urtubey sobre los Salteños-), cuyo importe ascendería aproximadamente a los 1.200 millones de pesos, con un promedio aproximado de unos 14 mil pesos por Usuario, quedando fuera de este aspecto las demandas de particulares por daños y perjuicios ocasionados por el remate de viviendas, mediante el cobro indebido y certificado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, lo que de tomar estado público haría que particulares demandaran a la Provincia por la connivencia con empresas publicas y privadas en la prestación del servicio público aludido.
Los interesados en participar de la demanda, hacer valer sus derechos, que le devuelvan lo que le cobraron mal o bien a quienes le remataron la propiedad, pueden dirigirse a Alsina 1150, Estudio Vazquez & Asociados o comunicarse al 0387 - 4217247.
O bien vía Correo Electrónico a observadorsalta@gmail.com.
miércoles, 22 de septiembre de 2010
LA IGNORANCIA DEL GOBERNADOR URTUBEY TRASCIENDE LOS LIMITES DE SALTA.
CON LA ESPADA, LA PLUMA Y LA PALABRA ILUSTRAMOS UNA NOCHE DE IGNORANCIA (SIGUE VÍDEO).
sábado, 18 de septiembre de 2010
LA TRAMPA DE URTUBEY A LOS PRODUCTORES DE SALTA.
URTUBEY QUEDO EN RIDICULO AL PRETENDER CAMBIAR UNA LEY NACIONAL CON UN DECRETO FIRMADO POR EL.
La ley nacional de bosques n° 26.331, prohíbe de manera expresa en su art. 14 el desmonte de bosques nativos de las categorías I (Rojo) y II (Amarillo). El Decreto Nacional n° 91/09 Reglamenta la Ley n° 26331, permitiendo el desmonte en las categorías antes indicadas, exclusivamente para el caso de “obras públicas, de interés público o de infraestructura tales como la construcción de vías de transporte, la instalación de líneas de comunicación, de energía eléctrica, de ductos, de infraestructura de prevención y control de incendios o la realización de fajas cortafuego, mediante acto debidamente fundado por parte de la autoridad local competente. Para el otorgamiento de dicha autorización, la autoridad competente deberá someter el pedido a un procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (art. 14)”.-
___La Provincia de Salta, mediante Ley Provincial n° 7543, dicta las normas de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Salta, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6º de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y en ejercicio del dominio originario de la Provincia sobre sus recursos naturales, en los términos de los artículos 124 de la Constitución Nacional y 84 y 85 de la Constitución Provincial.
___El Gobernador de la Provincia de Salta, a su vez dicta el Decreto Provincial n° 2211 en fecha 28/05/10, por medio del cual se permite tergiversar o distorsionar las normas contenidas en la Ley Nacional n° 26331 y su Decreto Reglamentario n° 91/09, como así también la propia Ley Provincial n° 7543, ya que, permite de manera ilegal e ilegítima “transformar” la categoría rojo a amarillo o de amarillo a verde, lo que reitero está absolutamente prohibido. Estos sectores de la producción y/o el campo incurrirán en cuantiosos gastos de estudios de ordenamientos territoriales, estudios de impactos ambientales y contratación de empresas de desmontes, lo que les provocará de inmediato perjuicios económicos irrecuperables y que naturalmente el Gobernador Urtubey no responderá por ellos.-
___Sin duda alguna, el Decreto Provincial n° 2211 desnuda fines políticos deleznables, propios de una campaña reeleccionista que ya empezó, sin descontar la posibilidad cierta de que a través de dicha norma se pudieran realizar pingües negocios inmobiliarios de gente vinculada al poder en la Provincia de Salta, con la particularidad de que ello entraña una estafa a los productores agropecuarios y ganaderos de la Provincia de Salta, y toda otra persona física o jurídica que fuere adquirente o vendedor de campos en el contexto normativo señalado.-
___El Decreto Provincial n° 2211 haría posible la iniciación de emprendimientos agrícolas-ganaderos en la Provincia de Salta, sin una base normativa sólida, la que se sustenta en la violación flagrante de la Ley Nacional n° 26331 y Ley Provincial n° 7543, y que hace posible la sustanciación de acciones legales por parte de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas o de cualquier ciudadano de la Provincia de Salta, tendientes a lograr la observancia de las normas conculcadas y reestablecer las cosas al estado pertinente, porque se trata de cuestiones vinculadas al Medio Ambiente, el que sí es de “Interés Público” y está comprendido en lo que se denomina los Derechos Difusos.-
___No es menos cierto, que quiénes vendan o adquieran campos en los términos del Decreto Provincial N° 2211, pueden resultar palmariamente afectados por la inseguridad jurídica que conlleva dicho cuerpo normativo, poniendo al vendedor en la condición jurídica penal de estafador al transferir en vigencia del Decreto en cuestión la propiedad de un inmueble rural, o también puede ocurrir que quién vendió un inmueble rural con anterioridad a la vigencia del Decreto en cuestión, se sienta hoy estafado por el cambio de las normas que rigen los bosques nativos de la Provincia de Salta.-
___En definitiva, lo que desnuda esta normativa ilegal e ilegítima, es que se planeó desde el Ejecutivo Provincial una serie de actos tendientes a lograr negocios inmobiliarios millonarios, que se procuran y consolidan con el Decreto Provincial n° 2211, porque es sabido que gente vinculada al Poder Ejecutivo Provincial habrían venido adquiriendo campos o intermediando en dichas operaciones antes de la vigencia del Decreto de referencia, lo que es de público conocimiento y que nadie a esta altura de las cosas puede ocultar.-
___Por último cabe señalar, que resulta más que sorprendente el dictado de un Decreto Provincial en los términos del Decreto N° 2211, porque con una norma de inferior jerarquía se pretende modificar, distorsionar, tergiversar, eludir, violar, etc., normas Provincial (Ley n° 7543) y Nacional (Ley n° 26331), lo que es inadmisible hasta para un estudiante de Introducción al Derecho, porque desconocer la Jerarquía de las Leyes en el sentido realizado, es desconocer el Estado de Derecho y por ende procurar a través del ejercicio inescrupuloso y amoral del poder, beneficios y ventajas para un minúsculo grupo elitista político, en desmedro de todos los Salteños. En definitiva, y para que se entienda, un Decreto de un Gobernador no puede modificar, distorsionar, tergiversar, eludir, violar, etc. una Ley Provincial y menos aún una Ley Nacional.-
___Sirva la presente a modo de advertencia a los productores agropecuarios, a las entidades agropecuarias, a los profesionales que trabajan en este tipo de estudios ambientales, consultoras registradas en el Ministerio de Ambiente, inmobiliarias, inversionistas, al Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones afines de Salta (COPAIPA) para su toma de conocimiento y respectiva toma de conocimientos y a los efectos que hubiere lugar.
jueves, 29 de julio de 2010
miércoles, 21 de julio de 2010
PICHANAL: ENTRE LA POBREZA Y DESESPERANZA DE SU GENTE.
En una entrevista, el intendente de Pichanal Julio Jalit, reconoció que en su municipio todo es pobreza, apuntó contra el gobierno nacional y dejó en claro que la zona está olvidada por el gobierno de Urtubey.
- Periodista: Está de visita el gobernador. ¿ Cuales son los pedidos?
- Jalit: El pedido es el pedido de la gente, el problema del agua, es un problema de muchos años, pequeñas represas para los animales y pozos de agua.
Aclaración: La visita se produce a dos años de haber asumido Urtubey la gobernación y ante de las elecciones legislativas de 2009. Ante esta situación Jalit aclaró:
"Esta visita es para que el gobernador se interiorice de las necesidades y hable con la gente".
- Jalit: El municipio tiene una extensión de 8 mil kilómetros cuadrados y vos viste la miseria que hay, la pobreza. Faltan proyectos productivos para pequeños productores, para pasturas, desbajerado y las vías de comunicación. El municipio está abriendo picadas para que la gente del chaco este comunicada.
- Periodista: Cuantos habitantes hay en la zona rural de Pichanal?
- Jalit: Tenemos relevadas 600 familias en la zona rural, casi todos son criollos, salvo en algarrobal que son aborígenes.
- Periodista: En qué condiciones viven las familias aborígenes?
- Jalit: Eran indocumentados, ahora todos tienen documentos, hacen changas.
- Periodista: Vio cómo Viven? En casitas de plástico.
- Jalit: Nosotros hemos presentado un modelo de vivienda, prototipo de vivienda, en este momento está en el Instituto de la Vivienda.
- Periodista: Pero cómo hace la gente que no tiene recursos?
- Jalit: No, no. Esto tiene que salir por subsidio, porque ellos no pueden acceder a ningún beneficio (del IPV), porque no tienen recibo de sueldo, porque no tienen nada. Lo que conseguimos desde 2003 para acá fue que la gente recibiera pensiones: madres de 7 hijos, por discapacidad, jubilaciones anticipadas. Casi el 90 % han podido acceder a estos beneficios.
- Periodista: Muchos reclaman un centro de salud!
- Jalit: Si, nosotros tenemos aprobados en nación, desde el 2004 el centro de salud, pero como sabemos que el financiamiento para el norte es cero... y hasta ahora no bajaron los fondos. Bueno, el compromiso del gobernador es que se haga el centro de salud.
- Periodista: Hablando con el ex- Diputado Cerezo, opinaba que aquí (el algarrobal) hace falta una política chaqueña (zona rural de Pichanal):
- Jalit: Es que pasa que la municipalidad de Pichanal es muy pobre.
Tenemos 36 mil habitantes, hemos crecido en una jurisdicción muy extensa, sin cobertura, con muchas necesidades. Nosotros a diferencia de otros municipios, que están concentrados en fincas y empresas, con cobertura, nosotros al contrario, tenemos que hacer desde el municipio la contención, es imposible.
Jalit, también sostiene que la situación del municipio es muy complicada, por la cantidad de habitantes y por ser el municipio que menos coparticipación recibe de todo el departamento Orán, y proporcionalmente de toda la provincia.
LA POLITICA SOCIAL DE URTUBEY SUMÓ UN MUERTO MÁS.
Foto: El Joven trabajador de Pichanal Aguilera, luego de prenderse fuego.
FOTO: VILLA RALLE, PICHANAL (DPTO. ORAN, SALTA). FUENTE OBSERVATORIO DE LA POBREZA DE SALTA 2010.
Un hombre se prendió fuego después que la policía los reprimió impidiéndoles que corten la ruta.
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Jorge Alfredo Aguilera, de 29 años, falleció el viernes 29 de enero de 2010, debido a un paro cardiorespiratorio ocasionado por las quemaduras sobre el 85 % de su cuerpo.
Aguilera tomó esta determinación días pasados,durante una protesta sobre el puente del río Pescado, en donde los trabajadores habían decidido realizar un corte de ruta en reclamo de promesas incumplidas por el gobierno de la provincia de salta.
Fue durante el intento de corte que se hizo presente la policía de la provincia y comenzó a reprimirlos, el operativo estuvo a cargo del comisario Mendez.
Ante la desesperación de ser desalojados sin haber conseguido una solución a su agobiante situación el Joven trabajador habría tomado la determinación de rociarse con combustible y prenderse fuego.
FOTO: CRUCE DE PICHANAL/POBREZA E INSALUBRIDAD. FUENTE: OBSERVATORIO DE LA POBREZA DE SALTA 2010.
FOTO: PICHANAL, NUEVO ASENTAMIENTO UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD.
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